En descomposición la democracia liberal Imprimir
Escrito por Miguel Lora   
Martes 11 de Diciembre de 2007 19:00
En descomposición la democracia liberal

Aunque con sobresaltos, la democracia liberal funcionó en las últimas dos décadas en base a pactos y alianzas de minorías políticas conservadoras. Cuando los empresarios y los partidos de derecha gobernaban el país se hacía respetar las instituciones y el estado de derecho a fuerza de estados de sitio, violentas represiones y confinamientos de líderes sociales opositores. Volcada la tortilla, los neoliberales derrotados ideológicamente rompen las reglas democráticas, incurren en la sedición e inclusive pretenden crear republiquetas independientes, resentidas por haber perdido en las urnas el control estatal.

El sistema democrático y el estado de derecho en Bolivia viven un periodo de franco deterioro, en gran parte por obra de una minoritaria, pero eficiente oposición conservadora reacia a aceptar mínimos cambios en la orientación de la política económica del Estado. Los cambios que se están produciendo en el país han provocado tomas de posición que se han convertido paulatinamente en posturas y actuaciones intransigentes que amenazan la pacífica convivencia de los bolivianos. El discurso dominante puede llevarnos a un enfrentamiento violento, advierte el defensor del Pueblo Waldo Albarracín.

Albarracín está pensando en los gobiernos regionales que cuatro prefectos opositores al gobierno de Evo Morales pretenden instalar “de facto” el 15 de diciembre en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Los estatutos autonómicos que se redactan en estos departamentos van mucho más allá de la descentralización administrativa, configuran regiones autonómicas más radicales que en Colombia y Paraguay (como confesó el ideólogo de la autonomía cruceña Juan Carlos Urenda), y enarbolan un modelo de desarrollo diametralmente distinto al régimen nacionalista del gobierno nacional legítimo, elegido con casi 54% de los votos en las últimas elecciones.

Ya lo ha dicho el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz Oscar Vargas: Los estatutos autonómicos no buscan el separatismo o la división del país sino que “son una visión de país y una propuesta consolidada para administrar el Estado Nacional de una forma diferente y más cercana a la ciudadanía. Es una contrapropuesta al viejo modelo de Estado frente a la realidad del siglo XXI que necesita mucha más agilidad para la atención de los problemas de la gente”.

En ese afán, las fuerzas de derecha ignoran la institucionalidad, si es que no la avasallan, al encargar la redacción de estatutos autonómicos a sectores que carecen de potestad legislativa, y que cometen el delito de sedición al arrogarse la representación popular sin que hayan sido elegidos democráticamente.
“Estamos viviendo una regresión antidemocrática; Bolivia es un Estado casi predemocrático en este momento, donde las instituciones democráticas y los valores que emanan de la Constitución hoy están en vilo porque no dependen ya de la Constitución sino de la voluntad de quien los aplique”, observa el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores Luis Vásquez (Podemos).

Por un lado, explica Vásquez, un grupo pro gubernamental de 17 personas que no tiene ningún mandato ni capacidad legislativa continúa reformando la Constitución que supuestamente ya fue aprobada y revisada en detalle; mientras en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni otro grupo de personas autonombradas como legisladores escriben un estatuto autonómico sin tener un mandato de ley. “Estamos muy próximos a decir que Bolivia ya no es más un estado de derecho…”, afirma este legislador.

Los bandos en pugna tienen sus explicaciones. El oficialismo entiende que no era lógico que una minoría timoneada por la burguesía agroindustrial latifundista bloquee las reformas reclamadas por una inmensa mayoría históricamente marginada y hoy hambrienta de justicia. La derecha impugna por ilegal e ilegítima la nueva Carta Magna redactada en la Asamblea Constituyente, pese a que fue aprobada por mayoría (165 votos de representantes de 10 partidos: al oficialismo le faltaba sólo cinco votos para alcanzar los añorados “dos tercios”) y convoca al desacato a pesar de que aún tiene a mano dos referéndums para bloquear democráticamente la constitución “masista”.

Las fuerzas de derecha en el Congreso admiten que las autonomías, para ser legales, necesitan de la Constitución recientemente aprobada, la cual reconoce formalmente a los gobiernos departamentales. “Nosotros fuimos a un referéndum autonómico de carácter vinculante a la Asamblea Constituyente, pero ésta tiene demasiadas ilegalidades, irregularidades e inconstitucionalidades como para que nosotros la reconozcamos como tal. Entonces, fruto de esa ilegalidad, los departamentos que le dijeron Sí a la autonomía pueden presentar un proyecto de estatuto que será sometido a un referéndum o a un cabildo, ya no tanto buscando la legalidad sino la legitimidad”, razona el senador Walter Guiteras de Podemos.
El hecho es que esta batalla por un pedazo de papel (la Constitución es un referente simbólico que no siempre se acata) está degenerando en una abierta pugna por el poder que podría desembocar en la división del país.
¿Republiquetas?

El estatuto autonómico aprobado por Santa Cruz atenta contra la unidad de los bolivianos y la integridad del territorio, observa con preocupación el Vicepresidente Álvaro García Linera. El estatuto hace de Santa Cruz un departamento autónomo con competencias exclusivas en la legislación y administración de la educación, tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas, biodiversidad, tributos departamentales, hacienda, ordenamiento territorial y transporte terrestre; organización de instituciones autónomas, régimen electoral departamental, entre otras. El estatuto crea una “ciudadanía departamental”. “Ni en sociedades federales de larga tradición se habla de una ciudadanía diferenciada territorialmente y de la aberración jurídica de controlar el movimiento migratorio de sus habitantes”.
Las dirigencias empresariales quieren “Policía Autonómica” que descuartiza a la Policía Nacional. “De aprobarse esa propuesta el día de mañana no va a faltar alguien que proponga que se descuartice a las Fuerzas Armadas y así a la larga se descuartiza el país”, comenta el Vicepresidente.

Es enormemente peligroso que la tierra dependa de la Prefectura del departamento. “Si el departamento pide administrar directamente sus tierras, la provincia pedirá lo mismo, como el cantón y la comunidad indígena, llegando a un país donde cada pueblo querrá asumir de manera discrecional la legislación sobre los recursos naturales como la tierra”. Además, los que siempre se lotearon tierras con el favor político seguirían haciendo uso discrecional del recurso desde la Prefectura.

Los líderes opositores desafían a las fuerzas del orden
El pueblo cruceño seguirá redactando el estatuto autonómico, un acto de legítimo derecho de un pueblo que ha seguido todos los pasos legales, hasta conseguir su autonomía, declaró el senador cruceño de Podemos Oscar Ortiz. Hasta el sábado se elaborarán también las preguntas para el referéndum departamental, informa el diputado Pablo Klinski (Podemos) presidente de la Asamblea Preautonómica. Habían pensado aprobar el estatuto en un cabildo, pero a última hora decidieron someterlo a un referéndum departamental “tal y como corresponde porque se quiere aplicar esta autonomía en base a la legalidad”.

El Presidente Evo Morales sentenció: “Si el estatuto autonómico no se enmarca en la nueva Constitución, con toda seguridad será un estatuto de facto y por tanto ilegal e inconstitucional”. El presidente de la Cámara de Diputados Edmundo Novillo (MAS) advirtió que si se insistiera en aplicar un tipo de autonomía irregular, el gobierno central “está facultado para aplicar las leyes y la Constitución Política del Estado para hacer respetar y preservar la unidad del país ante todo”.

El Prefecto cruceño Rubén Costas reveló que el gobierno habría movilizado más de seis mil efectivos de la Novena División del Ejército para militarizar Santa Cruz (muchos estarían ingresando a la ciudad como civiles) con una inversión cercana a los cinco millones de dólares. Pero el dirigente regional opositor puso en entredicho la actuación de instituciones responsables de la seguridad ciudadana y del orden público.
“El pueblo cruceño no tiene por qué atemorizarse. No temo a los trascendidos que dicen que las cabezas (del movimiento autonomista) podrían ser detenidas en cualquier momento. Primero van a tener encarcelar a dos millones de cruceños. Que no se atrevan a meternos presos, se los recomiendo sin bravuconadas. Es una advertencia: no sean estúpidos porque eso es echar gasolina al fuego. (Los gobernantes) no van a declarar estado de sitio porque saben que no será acatado por el pueblo”, declaró Costas.

Piden paz
Las Fuerzas Armadas y la Policía hicieron saber que están preocupadas por la magnitud de la crisis política, mientras que el gobierno norteamericano recomendó a sus ciudadanos no viajar a Bolivia “debido a las revueltas que se han dado en el país ante la futura reforma constitucional que se prepara”.
Como nunca, representantes de instituciones tan distantes como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se sentaron a la misma mesa para pedir a las partes confrontadas que depongan conductas hostiles y que moderen sus discursos, además de condenar los actos de racismo, la violencia y la intolerancia.

La Defensoría del Pueblo, la Fundación Unir, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Periodistas de Bolivia, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, instituciones de la Iglesia Católica como la Fundación Jubileo y la Pastoral de Movilidad Humana, la Iglesia Metodista, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música clamaron al gobierno, prefectos y cívicos de seis regiones que dejen a un lado los discursos y acciones radicales y se pongan a dialogar, recordando que los valores superlativos que todos debemos cuidar y proteger ahora son la democracia, la unidad nacional y la convivencia fraterna. La directora de la Fundación Unir y ex defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero dijo que en un régimen democrático no deberían asustar las ideas e intereses contrapuestos.
Pero una duda queda: ¿se puede dialogar, concertar y respetar un valor fundamental de la democracia como es el respeto al otro en un momento de agudización de la lucha de clases?