América Latina Argentina
Una alternativa socialista a la crisis de la Universidad (2ª parte) Imprimir Correo electrónico
Escrito por El Militante   
Viernes 15 de Junio de 2007 19:00
La Universidad es un fenómeno superestructural e histórico que no escapa a la lucha de clases. No es una isla sino criatura de la sociedad, moldeada por ésta y atravesada por sus distintos intereses. Hoy constatamos que los intereses de los trabajadores no están representados en su interior.

Autonomía Universitaria, Cogobierno, Cátedra Libre, No docentes, Presupuesto

III. La Autonomía Universitaria

La Universidad es un fenómeno superestructural e histórico que no escapa a la lucha de clases. No es una isla sino criatura de la sociedad, moldeada por ésta y atravesada por sus distintos intereses. Hoy constatamos que los intereses de los trabajadores no están representados en su interior.

Señalamos con nitidez y firmeza que la construcción de una Universidad Nueva sólo se puede dar en la transformación radical de la sociedad actual, estructurada por los trabajadores en el poder.

Se suele afirmar que la Autonomía universitaria fue la principal conquista de la Reforma de 1918, entendida como la prescindencia de cualquier actor en los asuntos de la Universidad que no forme parte de la misma, particularmente el Estado y sus agencias de educación y represión (policía, Ejército, etc). Pero la Autonomía universitaria, que contiene aspectos y experiencias progresistas indudables, puede ser usada algunas veces en un sentido reaccionario. En la Autonomía se expresa la pugna entre las clases polares de la sociedad: la burguesía y la clase obrera. Dependiendo de la correlación de fuerzas entre las clases, ésta puede transformarse en su contrario.

Si, hipotéticamente, hubiera un gobierno que defendiera los intereses populares es posible que, dadas determinadas correlaciones de fuerza al interior de las universidades, camarillas de profesores, graduados, estudiantes y no docentes reaccionarios utilizaran sus posiciones dentro de la Universidad para intentar bloquear una transformación progresista amparándose en la Autonomía. En otro sentido, en manos de los gobiernos peronistas y radicales de los ’90 (primero con el menemismo y luego con el gobierno de la Alianza) la Autonomía sirvió a los intereses del Banco Mundial y a la liquidación de la educación pública. Si la Reforma del ’18 expresaba un liberalismo progresista, hoy sus sucesores travestidos en agrupamientos docentes y estudiantiles, prostituyen lo que en algún momento decían defender y han sacado del imaginario de la comunidad universitaria reivindicaciones democráticas elementales.

El radicalismo pretendió en los ‘80 encabezar y dirigir un movimiento nacional en defensa de los intereses del “pueblo” que resultó un fiasco para los miles de jóvenes y trabajadores. Ni hablar de docentes universitarios y estudiantes. La contradicción del Radicalismo y la Franja Morada se expresaba en querer satisfacer las necesidades de miles y por otro lado aplicar a pie juntillas los planes fondomonetaristas. El Radicalismo representa -teniendo en cuenta hoy su disgregación como fuerza política- a un sector de la burguesía argentina. Recordemos su papel en la represión sangrienta de los trabajadores de la Patagonia y el Chaco de décadas atrás, el Punto Final y la Obediencia Debida, Mayo del ’89 y los pucherazos, la represión ejercida a los sectores populares, el Pacto de Olivos acordado entre Menem y Alfonsín para sostener la gobernabilidad, etc. que expresan los verdaderos intereses que defienden en el ámbito universitario. Para el radicalismo, la Franja Morada o los travestidos de hoy, la universidad es el reducto de alianzas y de formación de sus cuadros que más tarde ingresarán en la vida política del país.
La década de los ’80 y ’90 representó un retroceso histórico en la educación en general y en la universidad en particular. Este cambio tan radical de la educación en la Argentina se debió a que la burguesía debió reconvertir el capitalismo a sus necesidades propias y a las de su socio más grande: el imperialismo. Este período se caracterizó por el abandono de la inversión productiva y la liquidación de gran parte del aparato industrial y su dedicación a la economía rentista Su imposición en el ámbito universitario representó en otras áreas del país la liquidación sin más de las empresas estatales. El menemismo fue el mejor gerente de la burguesía que comenzaba a transformarse en rentista. No solamente vendiendo a las multinacionales los recursos nacionales -y en esto las empresas- sino también las investigaciones del INTA sobre desarrollo de semillas, la transformación de los hospitales públicos en autogestionados, etc.

El carácter parasitario de la burguesía argentina es en extremo profundo y refleja en la superestructura universitaria los rasgos más retrógrados de esta clase.
Las Altas Casas de Estudio están atravesadas por diferentes interese de clases. El papel directriz de la burguesía en la sociedad hoy, comporta el desguace de la educación. Pero al mismo tiempo representa la necesidad de formación de técnicos -y no debemos olvidarlo- ligada siempre a la producción del país, a la nueva forma de acumulación.

La Autonomía en manos de la burguesía, junto con los recursos de la enseñanza, representa el mecanismo que utilizan las camarillas docentes reaccionarias y oportunistas para el logro de sus mezquinos intereses. Pero esto es simplemente enajenar la autonomía y ponerla al margen de los intereses de la mayoría estudiantil. Es la autonomía de los feudos empresariales universitarios, privados o públicos. Por lo tanto la Autonomía no es asexuada, tiene un claro contenido de clase.

El gobierno de la Universidad sigue invariablemente los rasgos generales del gobierno de turno y de esta manera subordina los intereses del estudiantado. La elección de los consejeros con el voto calificado en el marco de la democracia representativa expresa el mejor mecanismo para perpetuar los intereses de las minorías.

Tengamos en cuenta para que la Autonomía pueda restituirse y que siga una orientación revolucionaria es preciso que los sectores más dinámicos o radicalizados del estudiantado logren orientarla a los sectores obreros y populares. Para nuestra Corriente, la Autonomía significa capacidad de la comunidad universitaria para darse su propio gobierno, Autonomía ante el gobierno central, la burguesía y sus partidos. Entendemos que este objetivo es el que debe guiarnos en la lucha por transformar la universidad que hoy tenemos. Generar una Corriente en defensa de la Educación (que integre todos los claustros) que plantee la modificación de la organización del gobierno universitario, el control directo del presupuesto universitario por la mayoría de la comunidad y la eliminación de las ventas de recursos a terceros, así como también el ordenamiento y potencialización de los proyectos de investigación; son pasos elementales que debemos dar en el sentido de recuperar la Autonomía y la Democracia Universitaria. Sabemos que este objetivo aún se encuentra lejos de realizarse pero debe ser nuestra meta.


IV. La representación en el Cogobierno

Estamos en contra del voto calificado que castiga con una representación minoritaria al claustro mayoritario: el estudiantil.
También el voto calificado afecta a miles de docentes que no pueden elegir a sus representantes, de la misma manera sucede con los no docentes. Docentes y no docentes experimentan en su situación laboral la desjerarquización de sus tareas siendo con sus salarios de hambre los que sostienen a la educación.

Debemos tomar nota que los hijos de los trabajadores, como también los trabajadores precarizados de la universidad, están excluidos de participar en la “democracia formal” que gobiernan las altas casas de estudio. Por eso la experiencia de lucha de los estudiantes del país, la tradición de lucha de estudiantes y docentes bolivianos y del Perú, las últimas luchas del estudiantado chileno contra el limitacionismo y contra los mecanismos fraudulentos de elección, deben ser nuestra guía para pelear por la verdadera democracia en la universidad. Las grandes movilizaciones producidas en Latinoamérica, así como las Asambleas Universitarias de miles que sesionaron con mecanismos de democracia directa a mano alzada, donde la mayoría de estudiantes junto a docentes y no docentes se mostraron interesados en una universidad al servicio de los explotados y eligieron a sus representantes, es el espejo donde tenemos que mirarnos si pretendemos modificar la universidad expulsiva que hoy tenemos en nuestro país.
No aceptamos que el estudiantado solamente deba estudiar, limitarse a esto y no a gobernar. Rechazamos el argumento de que no están capacitados para elegir al Rector o al Decano, con la excusa de que no conocen el historial académico o currículum de tal o cual postulante.

Lo que importa a la mayoría universitaria: estudiantes junto a docentes y no docentes que quieren defender la universidad pública, es aquel postulante que defienda consecuentemente una Universidad Pública, Gratuita y Laica, Autónoma del Estado, de su gobierno y de sus partidos políticos. Una Universidad al servicio de los explotados: obreros y trabajadores. Una Universidad creadoras de ciencias y técnicas, de arte y de cultura.

Por ello, defendemos el derecho a la politización del estudiantado y la responsabilidad de asumir este derecho. El estudiantado tiene madurez política y de criterio para pronunciarse acerca de sus propios intereses. La masa estudiantil, junto a los sectores obreros, es la que mejor puede orientar la enseñanza superior hacia ese logro; no sólo de sus intereses particulares sino también hacia objetivos revolucionarios. Por otra parte, los estudiantes velando por sus propios intereses y de los explotados, constituyen un elemento activo en la preservación de la Autonomía de toda degeneración burocrática.

Como parte del balance, que seguramente debe ser enriquecido, queremos señalar en primer lugar que producto de la era alfonsinista, como la década infame menemista donde la LES se aplicó en toda su magnitud, nos encontramos hasta finales de los ’90 y comienzos del 2000 con un estudiantado con un elevado grado de desinterés, atomizado y despolitizado. Esto fue apuntalado por las conducciones de los Centros de Estudiantes, como las Federaciones controladas mayoritariamente por la Franja Morada, que vaciaron estas organizaciones de toda política ligada a las luchas populares, salariales, por mejores condiciones laborales, contra la represión policial, etc. y las reemplazaron por políticas funcionales al gobierno de la universidad, como también a la venta de apuntes, organización de partidos de fútbol, etc. La llegada de conducciones de izquierda en muchas facultades y federaciones, como la FUBA, aunque introdujo algunos cambios y un compromiso claro con una universidad democrática y con las luchas populares, tampoco escapó a algunas de aquellas prácticas.

Recogemos la experiencia de miles en el ’91, las movilizaciones en el ’95 en la lucha contra la aplicación de la LES, que se expresaron democráticamente en Asambleas Universitarias de masas como forma de gobierno, ante el ataque sistemático del menemismo.
La estructura reaccionaria de la Universidad (tanto en su gobierno como en cada aula donde la crítica –cuando existe- se limita a enjuiciar y condenar el presente) no abona a la participación y movilización de los estudiantes; justamente trata de fomentar la despolitización, la apatía y la desmoralización. Es verdad que existe un cierto ambiente de apatía entre el estudiantado en lo que hace a su participación en la elección y constitución del gobierno de la Universidad. Lo común es la participación minoritaria y esto representa una merma de la Autonomía. De ahí la necesidad del sector más conciente de los estudiantes de organizarse y agitar entre los estudiantes por una universidad nueva.

Es en este escenario donde entendemos la lucha por un gobierno estudiantil, docente y no docente, un gobierno tripartito, con mayoría de los sectores progresistas de la universidad comprometidos con un modelo universitario realmente democrático, publico, gratuito y científico. En este sentido, consideramos que el cogobierno deberá garantizar, al menos, un 50% a la representación estudiantil.

Este fue uno de los principios más importantes de la Reforma de 1918 que casi no registra antecedentes en la época moderna. 50 años después, en las jornadas parisinas de 1968, este principio revive con el pedido de inclusión de los estudiantes en el gobierno de las universidades. El principio de cogobierno en la universidad argentina fue impuesto en aquel momento por medio de una huelga indefinida por parte del claustro estudiantil: “La juventud ya no pide, exige, que se le reconozca el derecho de exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia”. (Manifiesto Liminar).

El principio de autogobierno fue pensado, originalmente por los reformistas, como basado principalmente en los estudiantes, lo cual es claramente opuesto al espíritu actual del gobierno que reposa esencialmente en las camarillas profesorales. Los graduados ingresan al gobierno de la Universidad en 1955 y salen en 1966, volviendo a ingresar en 1973.

Nuestra propuesta de cogobierno se fundamenta en que la situación que atraviesan tanto el claustro docente como no docente, las relaciones prebendarias y la sumisión al salario, obstaculizan la mayoría de las veces las decisiones que verdaderamente abonan a la construcción de una universidad autónoma y democrática. En ese sentido, que los estudiantes no dependan económicamente de la Universidad también fecunda un criterio de independencia política. Por supuesto que no renunciamos a la lucha política hacia el claustro docente, por ello nos apoyamos en sus sectores progresistas para construir una universidad nueva, pero justamente reconociendo la realidad que hoy domina en la docencia universitaria.

Hay un sector de docentes dominante que acapara una parte importante de los recursos universitarios -becas y subsidios- y controla gran cantidad de concursos, especialmente de las materias más grandes y troncales de las carreras. Todo esto les da una posición estratégica para nombrar a sus protegidos y establecer relaciones de clientelismo que minan los objetivos de tener una investigación imparcial e independiente y de garantizar el pluralismo ideológico y científico. Estas camarillas docentes son el enemigo al que hay que derrotar. No tienen problema en venderse y pactar con quien sea a cambio de mantener sus privilegios y su posición dominante. Cuando se ven amenazados recurren a sus amigos de la prensa burguesa para lanzar campañas intimidatorias dignas de la dictadura militar contra los estudiantes que luchan. Nuestra política está dirigida al amplio sector de docentes que se mantiene afuera de estas redes corruptas.

En la realidad de hoy el claustro estudiantil representa en el gobierno de la universidad el claustro minoritario, llegando al absurdo que un docente equivale a miles de estudiantes. De esta manera y con tranzas o roscas de por medio entre los claustros docentes, no docentes y graduados, dan la espalda a los intereses no solamente del estudiantado sino de los trabajadores en general.

Por ello consideramos imprescindible elaborar un nuevo tipo de cogobierno universitario en la Universidad, las Facultades y Escuelas/Departamentos, donde los estudiantes tengan, al menos, el 50% de la representación, los docentes el 35%, los no docentes el 15%. Esta es una propuesta que proponemos para la discusión. Hay un debate respecto de si eliminar la división en claustros o no. Una posibilidad sería hacer listas comunes con docentes, estudiantes, no docentes y graduados respetando la representación que indicamos. La otra alternativa es mantener la división en claustros tal como está ahora. Con la primera opción se favorece la cohesión y el entendimiento común entre los diferentes sectores de la universidad, además de que generaría una gimnasia de discusión y conocimiento que permitiría comprender las problemáticas específicas de cada sector por parte de los demás.

La alternativa de mantener la división actual en claustros permitiría sostener las incumbencias y la unicidad de los intereses de cada claustro. El defecto que tiene es que continuaría la parcelación y fragmentación en la forma de discutir y pelear por el mejoramiento de la universidad. Este debate es necesario, pero creemos que el punto irrenunciable es la modificación indicada en la representación.

Obviamente que estaría planteado el voto igualitario docente/estudiantil/no docente, como la participación en los padrones de todos los docentes que estén en funciones. De la misma manera, para los estudiantes que estén en condición de activos o regulares. El interés de los estudiantes en la democratización de la Universidad y en el desarrollo de la ciencia, técnica y arte debe estar claramente plasmado en el gobierno.

Entendemos que el sector de los graduados está sobrerrepresentado respecto de su participación y posición real en la vida universitaria. Los mismos tienen como espacio de participación sus propios colegios profesionales y sus sindicatos. Entendemos que el gobierno de la Universidad y de las Facultades debe reposar sobre aquellos que son parte cotidiana de la vida universitaria.
Lo que perduró hasta el ’94 en algunas Escuelas de Facultades de diferentes Universidades del país (la elección de sus Directores a través del voto universal y no calificado, el voto directo), fueron avasalladas por la LES. Estas dos formas de elección, diferentes y antagónicas, no podían perdurar en el tiempo, una debía perecer.

Los diferentes gobiernos se dieron como tarea borrar del imaginario educativo, de la memoria colectiva la genuina autonomía de las Escuelas y Universidades del país. Es hora de restituirlas.

V. Cátedra Libre – Cátedra Paralela

La imposición de la Cátedra Libre será en el régimen de la Autonomía y el co-gobierno de los claustros, la única manera de asegurarse que la selección de profesores se haga teniendo en cuenta únicamente la capacidad de éstos y que constituya uno de los requisitos imprescindibles para permitir la superación del modelo de enseñanza clasista burgués. No se trata de la simple convocatoria a concursos de méritos y a exámenes de competencia, sino de que sirvan para seleccionar a los docentes de acuerdo a su capacidad profesional y al criterio progresista de los tribunales, lo que puede darse por medio de la participación y decisión estudiantil y a condición de que desaparezca el control gubernamental y reaccionario sobre la Universidad.

Sólo una Universidad Autónoma puede transformarse en baluarte de pensamiento y de investigación libre, creadora de teorías, prácticas, ciencias y artes. La intervención de los alumnos en la elección de los profesores puede garantizar que el favoritismo político, que las diferentes maniobras de las camarillas sean desterradas definitivamente de la Universidad.
La implementación de la Cátedra Libre exige la implementación de la Cátedra Paralela que ayuda a reparar toda injusticia o equívoco cometido en la selección de los docentes, así mismo da la seguridad de que ninguna tendencia ideológica esté excluida.

Sostenemos que no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, entendemos que la teoría es reafirmada o no en el debate de ideas y en la práctica misma, también implícita en lo anterior, se conforma en la no exclusión de ninguna ideología. Es en esta dialéctica donde se forja el marxismo.

Entendemos que la precarización laboral impuesta a los docentes debe ser radicalmente abolida en una universidad al servicio de los trabajadores. Sólo bajo la fusta burguesa es pensable que los miles de docentes que sostienen la universidad pública lo hagan con salarios de hambre o “ad honorem”(1); a lo que hay que sumar la necesidad de la formación permanente (siempre arancelada) y la flexibilización de los docentes al trabajar en distintas unidades académicas para lograr un salario “digno”. Por ello, entendemos que las cátedras tienen que estar formadas por docentes con dedicación exclusiva y semi exclusiva, los cuales trabajen como un equipo, con plena libertad dentro de las cátedras.

También entendemos que en la universidad pública, los docentes y estudiantes deben devolver a la sociedad la inversión que ésta hace para formar profesionales. Por ello, como parte de la labor de enseñanza y como parte de la labor de aprendizaje, debe existir un aporte en investigaciones, trabajos de campo, desarrollo tecnológico, etc. que beneficie a la sociedad toda. Así, las investigaciones que hoy subvencionan las multinacionales y que se apropian de ese conocimiento público, deben realizarse en la nueva universidad, garantizada por el Estado nacional y compartida por la sociedad gratuitamente. Esta es una forma también de acabar con las prebendas a través de los subsidios por investigaciones y que los profesionales docentes estén en permanente contacto con los problemas cotidianos que sufren los trabajadores para dar respuestas a quienes sostienen con su trabajo la universidad pública.

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1. Uno de cada 2 profesores de la UBA no cobra salarios. Según cálculos extraoficiales, los “ad honorem” ya son unos 14.000, sobre un plantel de 30.000 docentes. En algunas facultades, su presencia es abrumadora. “Si todos ellos decidieran un día no trabajar, Medicina explota. Allí son aproximadamente el 40% de los profesores”, graficó Néstor Correa, dirigente la Asociación Gremial Docente (AGD) y Secretario Gremial de CONADU Histórica. Medicina, Sociales, Filosofía y Letras, Económicas, Derecho y Arquitectura son las más afectadas. Ingeniería y Exactas, las que menos. Aproximadamente 10.000 de estos profesores –gran parte en la franja de los 30 a 45 años- participan en distintos proyectos de investigación de la UBA.


VI. Trabajadores no docentes

El Convenio Colectivo acordado entre FATUN (la federación sindical de trabajadores no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ya homologado, se encuadra en la tendencia pro-patronal, predominante en los convenios colectivos desde la década del ’90. Durante 2004, se acordaron más de 230 convenios colectivos que han combinado pequeñas mejoras salariales (aunque no alcanzan a reducir las pérdidas provocadas por la devaluación del 2002), con el mantenimiento o la profundización de las políticas de flexibilización laboral. Sólo como un indicativo, mencionar que la FATUN cobra el 2% de la masa salarial por la firma del Convenio Colectivo. De hecho, desde que se inició el proceso de paritarias en las Universidades Nacionales (1995), la FATUN ha cobrado el 2% de todas las sumas fijas negociadas como “acuerdos paritarios”.

Un antecedente importante es el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) acordado entre el sindicato de empleados estatales de la CGT, UPCN, y el Estado –homologado por el gobierno de Menem en 1999- (1). Artículos enteros del CCT de FATUN y el CIN están copiados textualmente del CCT de UPCN, que estableció la pérdida de la estabilidad laboral para los trabajadores del Estado, y favoreció la contratación de personal inestable y tercerizado de diversas formas, entregando numerosos derechos de los trabajadores a cambio del 0,5% de toda la masa salarial de los trabajadores incluidos en el CCT en forma mensual para “fines educativos y de capacitación”.

La crítica situación salarial, con el salario básico muchas veces por debajo de la línea de pobreza, con sumas fijas en negro que achatan los sueldos, evadiendo los aportes jubilatorios y de Obra Social –y sus implicancias: jubilaciones cercanas al 55% del activo o el desfinanciamento de la Obra Social con el consiguiente aumento de los porcentajes de las prestaciones- es la moneda corriente de los trabajadores.

En el art. 5 del CCT vemos cómo la Autonomía universitaria en manos de la burguesía da otro golpe: los trabajadores de las universidades son los únicos a los cuales sus propios empleadores les pueden dictar las normas que regulan las propias relaciones laborales. Este artículo insiste en el carácter de “empleo público autorregulado”, que les permite a las autoridades de la Universidades dictar reglamentaciones para los trabajadores sin respetar normas laborales generales, en forma inconsulta y arbitraria.

Queda claro que el CCT está para dar respuesta a los objetivos empresariales dentro de la Universidad y muy lejos de defender los derechos de los trabajadores: “brindar el más eficaz servicio en lo que a la actividad no docente corresponde”, “organizar las actividades de acuerdo a las nuevas tecnologías, técnicas y equipamientos, que permitan hacer más productivas las tareas y funciones del personal no docente”. Le otorga, de hecho, facultades unilaterales a la parte patronal para modificar condiciones de trabajo, lugar y horario de un trabajador aislado. Aunque en el CCT faltan varias obligaciones de la parte patronal (respeto al libre ejercicio de la libertad sindical, por ejemplo), el convenio introduce la polivalencia, movilidad, etc.

Otra forma de avasallar la Autonomía queda de manifiesto cuando el CCT no menciona el derecho a la participación con voz y voto en todos los órganos de gobierno de las Universidades, ni el derecho a participar en la dirección de la Obra Social.

A pesar que la FATUN y el CIN sostienen que todos los trabajadores “deberían” tener cargo de planta permanente, el CCT excluye expresamente a los trabajadores contratados de todo derecho, convalidando de hecho todos los contratos basura (tercerizados, locaciones de servicio, pasantías, etc.) que no cuentan con derechos laborales según este CCT.

La defensa irrestricta de todos los trabajadores, estables o contratados, sindicalizados o no, es un principio rector para toda organización sindical honesta y democrática.
El art. 21 incisos b) y d) menciona como requisito para el ingreso no haber sido condenado por delito en perjuicio de una Universidad o de la Administración pública nacional, provincial o municipal, o haber sido cesanteado por las mismas instancias. De esta manera, cientos de activistas y luchadores sociales quedarían excluidos de las Universidades.

El régimen de concursos no sólo es ambiguo sino que no deja instancia de apelación administrativa o judicial más allá de la decisión del jurado o de la autoridad ejecutiva (Decanos y Rectores).

Por último, establece que las modificaciones escalafonarias y salariales del CCT no regirán si no hay “una asignación presupuestaria específica para dichos rubros”. De esta forma, el Estado y las patronales de las Universidades se reservan el “derecho” de aplicar todos los aspectos negativos del CCT (polivalencia, movilidad, extensión de la jornada laboral, régimen de sanciones, etc.) sin ni siquiera tener asegurada la fijación de un salario básico para todos los trabajadores.

Estos son algunos de los puntos que explicitan más fielmente:
- la connivencia de la burocracia sindical con los personeros de la Universidad mercantilizada.
- la aceptación sumisa de la burocracia sindical a los dictados de la burguesía no sólo contra los derechos laborales sino también contra la educación pública, gratuita, laica, autónoma.
- la defensa de la burocracia sindical del concepto de Autonomía diseñado por la burguesía.
- la identificación de la burocracia sindical con la política de los partidos patronales y su alejamiento absoluto de la defensa de los intereses de los trabajadores.
Por ello, los trabajadores no docentes tienen un desafío fundamental en la construcción de la universidad nueva: luchar por la democracia sindical, por la participación en lo órganos de decisión de las Universidades, por ser parte activa del destino de la educación pública en nuestro país. Defendiendo nuestros genuinos intereses como trabajadores sumamos a la perspectiva de que la política de los explotados se exprese en las Universidades.

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1. Los datos del análisis crítico del CCT acordado por FATUN y CIN fueron tomados del Encuentro de Trabajadores de Universidades Nacionales (ETUN) – www.etun.com.ar -


VII. Presupuesto

La Autonomía que sostenemos no es en relación a la sociedad, ya que la universidad es parte de ella, sino al Estado, al gobierno de turno y a sus partidos políticos.
La lucha por la restitución de la Autonomía supone la lucha contra todo tipo de arancelamiento. La Ley Federal de Educación (LFE) y la Ley de Educación Superior (LES) desliga al Estado de toda responsabilidad en la educación pública, privilegiando la educación privada y rescatando la ideología de la iglesia católica y la libre empresa.
A finales de 2005 se sancionó la Ley de financiamiento educativo que promete llevar en cuatro años el presupuesto del 4 al 6 por ciento del PBI para toda la educación pública: primaria, secundaria, terciaria y Universitaria. Pero a la vez esto significó la profundización del relegamiento de la Universidad frente a los demás niveles de la educación pública: el Estado la deja proporcionalmente más desfinanciada, cada vez más expuesta a la intromisión del capital privado (1). Según un reclamo firmado por rectores de 6 de las 37 Universidades públicas “la Ley de financiamiento educativo es un corsé que limita toda iniciativa para mejorar el funcionamiento de las Universidades Nacionales”.

En 2005 el presupuesto total fue de $2.400 millones, de los cuales el 91% iba para salarios de docentes (2) y empleados. En 2006 se incrementó a $3.359. Esta cifra significa un 0,57% del PBI, mientras Brasil destina a sus Universidades públicas un 0,84% y España un 0,92%. Y habría que ver cuán satisfactorio es el presupuesto en estos países. Y se mantiene por encima del 90% del presupuesto total ¡lo destinado a salarios!

Claro que no sólo salarios se necesitan para el funcionamiento universitario. Con menos del 10% restante se deben afrontar las necesidades de desarrollo y fortalecimiento de las actividades de enseñanza, generación y transferencia de conocimiento, la investigación, los programas de extensión y el mantenimiento de la infraestructura edilicia, y el equipamiento de ciencia y técnica (congelado hace 10 años con lo que, restando la inflación, se redujo al 44% de lo destinado a Ciencia y Técnica en el presupuesto 1996). Además habría que contemplar nuevas infraestructuras, becas estudiantiles, bibliografía, informatización, laboratorios, becas de formación docente, comedores, etc.

Esta política de ahogo presupuestario empeora las condiciones de cursada en todas las facultades. En las masivas, por ejemplo, hay un sistema de sorteo para conseguir los mejores horarios o solamente para poder cursar una materia; o directamente, en otros casos, la oferta horaria se reduce a la tarde-noche, y el que trabaja en ese horario, no puede cursar. Nuestra Corriente defiende, por lo tanto, que exista diversidad de horarios en todas las materias, que haya siempre comisiones a la mañana o a la tarde-noche, etc. En el caso del sorteo, exigimos que haya cantidad suficiente de cátedras y horarios para garantizar que los estudiantes puedan cursar en las materias y en los horarios que les interesan.

Otra cuestión es la infraestructura, los edificios, bibliotecas, laboratorios, institutos, etc. Hoy en día dan lástima en la mayoría de nuestras facultades. En general, las bibliotecas son paupérrimas. Debemos exigir un programa especial de actualización y reforma de bibliotecas e institutos. No es sólo en los referente a manuales (los libros), sino también el funcionamiento, la informatización, el acceso de los estudiantes, docentes e investigadores al material.
Los edificios languidecen. Defendemos una reforma integral edilicia para dar mejores condiciones de hábitat a estudiantes, profesores y personal no docente. Como tantos otros temas, este depende de la situación y las prácticas concretas de cada facultad. Algunas están mejor atendidas pero en otras, las aulas son horribles. En muchos casos hay poca ventilación o no hay agua, falta calefacción en invierno, etc.

Mientras que docentes, no docentes y algunas autoridades universitarias reclamaban aumentos de entre el 50% y el 75% luego de la devaluación, los estudiantes pedían triplicar el presupuesto para mantener el funcionamiento de años atrás. Si continuamos con la comparación con Brasil, este invierte 24 veces más por alumno/año: 11.946 dólares frente a 478 en Argentina.
Claro que todas estas cifras son manteniendo la bajísima proporción de ingreso a la Universidad donde acceden muy pocos de los estudiantes que terminan el secundario. Para que todo hijo de trabajador pueda cursar estudios superiores es necesario ampliar las unidades académicas existentes y crear otras nuevas, con lo que no alcanza con multiplicar este presupuesto tres o cuatro veces, sino cambiar todas las prioridades del Presupuesto Nacional. Y esto es posible sólo dejando de pagar la fraudulenta deuda externa y recuperar las ganancias fabulosas que se llevan las privatizadas, renacionalizándolas bajo control obrero.

La venta de recursos a terceros (en la UBA representa cerca del 40% del presupuesto general y va en crecimiento) revela la ausencia de Autonomía Universitaria. Cuando hablan de Autonomía, en realidad se trata de Autogestión económica que implica el desentendimiento del Estado en el presupuesto educativo para hacer uso de los fondos de manera discrecional. ¿Por qué?
1. el Estado se desentiende de sostener la educación pública, con lo que esto significa: falta de cargos docentes y no docentes, becas para estudiantes, infraestructura edilicia, desarrollo científico independiente, etc.

2. al tener que “vender” el conocimiento surge la división entre facultades “rentables” y no rentables, con la consiguiente desfinanciación estatal y/o privada.
3. la “libertad de cátedra” pasa a ser una consigna a restituir, ya que una numerosa capa de docentes se vende al mejor postor. Esto conlleva la concentración de las prebendas en el claustro, donde la mayoría de los docentes ad-honorem o con dedicación simple están obligados a cumplimentar una serie de requisitos para permanecer en la universidad, y muchos de ellos les rinden pleitesía a los “bronces” a fin de acceder y “ser parte de...”

4. los estudiantes se “forman” en ese concepto de “intelectual”, con el consiguiente estrechamiento de miras en lo que se refiere a la profesión y al rol que debería cumplir.

5. los trabajadores de la universidad se limitan a garantizar este funcionamiento y han asumido una posición funcional a la pulverización de la universidad pública.

6. en nombre de la “autonomía” se liquida la universidad estatal al mejor postor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una agencia financiera del imperialismo, a través de planes de financiamiento llamados FOMEC, proponía, entre 1994/95, ampliar la autonomía universitaria para disponer con total libertad de sus fondos, mientras que le daba al Estado el papel de “evaluador académico”. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: a) disminuir los aportes del Estado a la Universidad para lograr más aportes al pago de los servicios de la deuda externa; b) flexibilizar las condiciones de trabajo entre los no docentes y generar el clientelismo entre los docentes e investigadores, con la certeza de que el control sobre la distribución de los recursos universitarios recae en una exclusiva elite.

7. el Ministerio de Educación no tiene un relevamiento sobre la cantidad y calidad de prestaciones y “transferencias científico tecnológica” de las Universidades Nacionales. El gobierno asumió a partir del 2003 el “canje de deuda externa por educación”. Lo que implicaría, en caso de ser aceptado, el abrir de par en par las puertas de la Universidad pública a los grandes financieros internacionales que poseen bonos de la deuda externa.

8. Todo esto tiene una incidencia directa sobre el gobierno universitario. La LES garantizó que los estudiantes fueran separados de los órganos de decisión y se terminó de acentuar la participación del “graduado”. La concentración de las decisiones en el pequeño y poco representable claustro docente terminó de sellar y cohesionar esta política educativa.

9. disminución de la calidad educativa del grado. Elitización no sólo por el deterioro económico social de amplias capas que antes accedían a la universidad, sino también por la mercantilización de las herramientas de estudio. Así tenemos la explosión de carreras de postgrado, maestrías y doctorados pagos, con la consiguiente presión para acortar la carrera de grado. De esta manera el Estado sólo garantizaría la educación “gratuita” para la formación elemental/básica, mientras que la especialización y la profundización de las distintas disciplinas estarían privatizadas.

10. confidencialidad de la investigación es el recurso central de la privatización del producto que, en algunos casos, funciona como un patentamiento privado de una investigación pública. (Fac. Veterinaria UNT – leches fortificadas pensadas en la desnutrición – vendida a SANCOR, etc. etc.).

11. cientos de millones de pesos de recursos propios (como en e Rectorado de la UBA) que no se sabe de su destino.

12. La fuerza de la “realidad”, impuesta por la burguesía y el imperialismo, al desfinanciar las universidades del país, empujan y establecen una aceptación pasiva de los gobiernos universitarios de la venta de recursos a terceros como una “necesidad” para sostener la educación. Así se naturaliza la privatización encubierta de la Educación Pública y Gratuita.
Esta síntesis apretada intenta poner blanco sobre negro, las ideas que deben motorizar la movilización del estudiantado, junto a docentes y trabajadores universitarios que quieran una educación radicalmente opuesta a la actual.

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1. "La UBA es la máxima empresa proveedora de pasantes del país. La mayoría de las facultades cierran acuerdos con las empresas para que sus alumnos hagan pasantías de trabajo con contratos basura. Estos contratos y los posgrados rentados son parte de las cajas chicas y los recursos propios que permiten vivir a la UBA", dijo el secretario gremial de CONADU Histórica (docentes), Néstor Correa, sobre uno de los temas polémicos. "Por cada pasantía las facultades pueden quedarse con un 5% para gastos —agregó un decano—. El problema es que todas deberían ser formativas y con control académico, cuando en muchos casos es "palo y a la bolsa" porque es el 5% y no importa para qué".

Mientras el presupuesto oficial de la UBA para 2006 es de $ 657.200.000, en recursos propios blanqueados genera entre $ 150 y $ 200 millones más. "Son unos $ 800 millones por ejercicio. Una gestión de cuatro años maneja la friolera de US$ 1.000 millones", sostuvo Marcos Britos, delegado de los no docentes del Rectorado. Decanos consultados aseguran que la cifra real sería, por lo menos, del doble. "Hay varias maneras de generar recursos —dijo uno de ellos—: el alquiler de los campos de deportes, la compra y venta de servicios e insumos de los hospitales universitarios, como el Clínicas, la oferta del Centro Cultural Rojas. Por estos recursos se pelea".
2. Según estimaciones de CONADU Histórica -sobre una base de Dedicación Simple ($250) haría falta unos $55 millones anuales para cubrir los salarios de los “ad honorem”.

Este documento es un aporte al debate sobre la Universidad que todos queremos. Es nuestra intención abrir una discusión y un diálogo con todos aquellos que estén comprometidos con la lucha por una Universidad pública, gratuita, laica y científica al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. En ese sentido, estaríamos muy agradecidos si nos hicieran llegar sus comentarios, opiniones, propuestas y críticas sobre el contenido del presente documento.

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